La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha presidido hoy un encuentro celebrado en la Delegación Territorial de Salud y Consumo, con los coordinadores de los equipos de referentes de la LORE (Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia) en Jaén, junto al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de Andalucía (CGyEA), Serafín Romero, la vicepresidenta, Aurora Puche; el secretario de la Comisión, Luis López, y Miguel Melguizo, vocal médico de la Comisión.

“Se trata de un paso más, fundamental, para la coordinación y desarrollo de esta Ley Orgánica, en un encuentro mediante el que nuestros profesionales referentes y miembros de la Comisión coordinan actuaciones para su desarrollo”, ha destacado la delegada territorial, Elena González.

En la provincia de Jaén, el coordinador del equipo de referentes LORE en el Hospital Universitario de Jaén y Distrito Jaén-Jaén Sur es Ventura Olea, mientras que en el del Área Sanitaria Nordeste de Jaén es Ángel Bartolomé, Jairo Saray lo es del equipo del Área Sanitaria Norte y José Alberto García es el coordinador del equipo del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

Junto a este encuentro, durante la tarde, se desarrollará un taller en el que participarán profesionales de los equipos referentes de la provincia, así como la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez; la directora gerente del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur, Sandra Moraleda, y representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Andalucía. En el taller se abordarán los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, el circuito de la prestación de ayuda para morir y las funciones de los equipos referentes.

La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía organizó en septiembre del pasado año el primer Encuentro Virtual de Comisiones de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de España, que también se celebró en Jaén, en el que participaron comisiones de otras comunidades autónomas, representantes del Ministerio de Sanidad y miembros de la Asociación Derecho a Morir Dignamente con el fin de analizar la evolución de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, en el que se contó la experiencia de las comunidades y permitió a los asistentes identificar acciones de mejora y buenas prácticas en esta materia.

Sobre la Comisión de Garantía y Evaluación

La Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir, que ha llevado a cabo hoy su 54 sesión desde que se constituyó el 10 de noviembre de 2021, es un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, que actúa con autonomía funcional e independencia en el ejercicio de sus funciones, y que está adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de salud. Está compuesto por trece profesionales de las áreas de medicina, enfermería y derecho, todos ellos expertos en bioética, y cuenta con una presidencia, una vicepresidencia y once vocales.

Corresponde a la Comisión, con carácter general, la verificación previa del cumplimiento de las garantías y el procedimiento regulador de la prestación, así como el control posterior del mismo.

Específicamente, la Comisión debe resolver las reclamaciones que se interpongan ante la denegación de la prestación por parte del médico responsable, del médico consultor o las solicitudes que se eleven al pleno en caso de disparidad en el informe que han de emitir los miembros de la Comisión designados para llevar a cabo la verificación previa de la prestación.

Asimismo, corresponde a la Comisión la verificación de la prestación una vez ésta se haya realizado, la detección de problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LORE, además de la propuesta de mejoras para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos.

Deberá, igualmente, resolver las dudas o cuestiones que puedan surgir durante el procedimiento de aplicación de la LORE, en calidad de órgano consultivo y elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de su aplicación. Desde su puesta en marcha, se han atendido 90 expedientes de alta complejidad.